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Reporteros sin fronteras

Era Macri: la ley del mercado

La llegada al poder del presidente Mauricio Macri en 2015 provocó cambios profundos en el panorama de medios argentinos (ver Informe Legal). Modificaciones por decreto en la legislación, cierre intempestivo de medios, mayor concentración de los grandes jugadores y mayor precariedad laboral son las marcas más visibles luego de más de tres años de gestión de Cambiemos.

Los resultados de esas decisiones pueden resumirse en los siguientes ejes:

  • El Grupo Clarín se fusionó con Telecom para generar uno de los tres grupos empresariales más grandes de la economía argentina y el más poderoso de la historia de las comunicaciones locales;
  • Más de 2700 trabajadores fueron despedidos o tomaron retiros voluntarios en Buenos Aires, según datos del Sindicato de Prensa de ese distrito;
  • El sistema de medios y producción de contenidos estatal perdió más de la mitad de las audiencias con las que contaba hasta 2015 y fue la empresa que más trabajadores despidió;
  • 45 periodistas fueron heridos en coberturas callejeras por la Policía y otros 13 resultaron heridos por el accionar represivo de las fuerzas de seguridad;
  • Durante 2016 y 2017 se discriminó a medios opositores en la distribución de publicidad oficial, aunque eso se revirtió en 2018 y los montos se redujeron, así como la discrecionalidad en su reparto.

Todos estos hechos fueron y son producto de una serie de decisiones en materia de políticas de comunicación caracterizada por la centralidad del Poder Ejecutivo en su diseño y aplicación, el guiño pro-mercado de sus determinaciones, la ausencia de debate sobre la centralización, concentración de la producción y circulación de los contenidos, y la exclusión del interés público como una variable regulatoria.

Una política a base de decretos

 “Hoy se termina la guerra del Estado contra el periodismo”. La frase pertenece al jefe de Gabinete, Marcos Peña, al anunciar la decisión del gobierno de Cambiemos de modificar por decreto la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para iniciar “una política pública de comunicaciones del siglo XXI". Fue uno de los primeros guiños institucionales a los grandes medios de comunicación que habían peleado contra la sanción y aplicación de la norma impulsada durante la presidencia de Cristina Fernández.

Casi en la misma secuencia, el macrismo creó el Ministerio de Comunicaciones, disuelto en 2017, y ubicó allí al radical Oscar Aguad, un político de la provincia de Córdoba cuya experiencia en el área se limitaba a haber integrado durante casi diez años (1985 – 1994) el directorio de La Voz del Interior, del Grupo Clarín, y actuado como férreo opositor a la denominada Ley de Medios.

Luego, el Ejecutivo realizó la intervención de las autoridades de aplicación de la Ley Audiovisual y la Ley Argentina Digital (AFSCA y AFTIC respectivamente). Por último, y antes de cerrar el primer mes de mandato, sancionó el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 267/15 que modificó de forma sustancial el articulado de las leyes mencionadas y cambió la estructuración del sector.

Esta modificación creó un organismo regulatorio unificado para telecomunicaciones, audiovisual y radiodifusión (Ente Nacional de Comunicaciones) con una marcada dependencia política y organizativa del Poder Ejecutivo. Además, flexibilizó los topes a la concentración en radio y TV por cantidad de licencias y penetración sobre la población; liberó la compra y venta de licencias de radiodifusión; le quitó a los servicios de televisión de pago cualquier tipo de tope de mercado; y eliminó restricciones de propiedad cruzada (entre cableoperadores y telecomunicaciones, entre canales de TV y cableoperadores). De esta forma, la regulación dio un paso hacia las exigencias del sector más concentrado del mercado.

En 2016, la autorización de la compra de Nextel (cuarta operadora de telefonía móvil) por parte del Grupo Clarín (que había sido rechazada por las autoridades durante el gobierno anterior) aceleró una serie de decisiones para adecuar frecuencias para su explotación para servicios móviles y el establecimiento de plazos para el ingreso de las otras ´telcos´ al mercado de televisión de pago. Esas medidas fueron tomadas a través de resoluciones del ENACOM o decretos simples del Poder Ejecutivo.

Con la fusión entre Cablevisión (Grupo Clarín) y Telecom en 2018, los otros operadores del mercado (especialmente Telefónica y Claro) comenzaron a demandar al gobierno regulaciones que equipararan las condiciones del mercado (como la habilitación para dar televisión de pago por vía satelital y el acceso a mayor cantidad de frecuencias para telefonía móvil). Además, ENACOM y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) fueron los encargados de aprobar esta operación que representó una de las concentraciones económicas más grandes en la historia de la comunicación argentina. Las exigencias impuestas por la CNDC fueron mínimas desinversiones en algunos mercados, mientras ENACOM aprobó sin observaciones de importancia esta operación.

Otro suceso regulatorio tuvo lugar en septiembre de 2016, cuando el Congreso sancionó una ley de Acceso a la Información Pública (Ley Nº 27.275). Se trató de un hecho novedoso ya que no existía una regulación democrática que garantizara este derecho para todos los organismos públicos de todos los poderes estatales, sino un decreto del Poder Ejecutivo de 2003. La nueva ley, que en un aspecto medular fue modificada por un decreto de Macri al someter la autoridad de aplicación a su órbita, incluye a las organizaciones privadas que reciben fondos estatales en lo que respecta al uso de esos dineros.

Por último, en diciembre de 2018, el Congreso sancionó la ley Nº 27.498 que instaura nuevas regulaciones para el mercado de papel de diarios (más conocido como papel prensa). En su articulado, se deroga la declaración de interés público de este insumo para la prensa que figuraba en la regulación preexistente (ley Nº 26.736) y se flexibilizan las condiciones de venta a terceros del único fabricante y comercializador de esta materia prima, Papel Prensa S.A., sociedad que integran los grupos Clarín, La Nación y el Estado.

Reducción de la publicidad oficial y de su discrecionalidad

En 2018, el gobierno de Cambiemos realizó un gasto en publicidad oficial (PO) de US$ 74.9 millones. Esto implicó una marcada reducción del gasto en relación a 2017, cuando la inversión alcanzó los US$ 164 millones, cifra similar a la de 2016. En materia regulatoria, la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación dio media sanción a un proyecto de ley para regular la distribución de PO en 2016, pero luego no se avanzó en su discusión en la Cámara de Diputados.

El proyecto aprobado por el Senado cuenta con un articulado similar a la autorregulación que se impuso el gobierno de Mauricio Macri a mediados de 2016 vía resolución de la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete. Esta resolución crea un padrón de proveedores de PO y fija cuatro criterios que no son del todo objetivos para la distribución de los fondos: cantidad de audiencia, pertinencia del mensaje, zona geográfica del medio y fomento del federalismo y la pluralidad de voces.

El análisis del cumplimiento de esta resolución lleva a evaluar la distribución de los fondos que hace el Poder Ejecutivo. Los medios con mayor cantidad de audiencia fueron los que contaron con mayor cantidad de publicidad. Sin embargo, esta regla tuvo algunas excepciones en 2016 y 2017 con discriminación a medios opositores como los del Grupo Octubre y los del Grupo Indalo. En 2018, esta situación mejoró: los casos que escapan a la regla de ´niveles de audiencia equivale a niveles de pauta´ no parecen relacionados con cuestiones de línea editorial.

El listado de grupos más beneficiados por la publicidad oficial  es liderado por el Grupo Clarín que, en 2018, recibió USD 14,06  millones contra USD 7,76  millones del Grupo América, USD 4,46  millones de Telefe-Viacom, USD 5,34  millones de Grupo Indalo y USD 3,45 millones de La Nación (no sólo el diario sino todos sus medios). Esto muestra que se les asigna mayor cantidad de publicidad a los grupos más grandes del país.

Otro rasgo de esta distribución es la ausencia de medios comunitarios, cooperativos y sin fines de lucro. Solo unos pocos casos (como Tiempo Argentino o Barricada TV) accedieron a fondos de publicidad oficial. El criterio de federalismo en el reparto de la publicidad encuentra limitaciones en las características del mercado. Esto es así ya que, por ejemplo, durante el segundo semestre de 2018 se contrataron más avisos en medios provinciales, aunque se gastó más dinero en los ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. Esto sucede porque los precios son muy diferentes por el tamaño de los mercados y audiencias: es más barato pautar en medios de provincias que en medios porteños.

Medios estatales sin públicos

La creación de la figura del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (SFMyCP) en la órbita del Poder Ejecutivo, donde Macri designó como titular a Hernán Lombardi, acompañó un proceso de crisis y decadencia de los medios estatales en los más de tres años de gobierno de Cambiemos. El SFMyCP engloba no sólo a la Televisión Pública Argentina (TVPA) y Radio Nacional (una red de más de 40 emisoras distribuidas en todo el país) sino también a otras señales de generación de contenidos como Encuentro, Paka-Paka y DeporTV. El análisis de las políticas hacia estos medios debe realizarse en distintos planos: en el presupuestario-laboral, en el productivo y en el de audiencias.

En el aspecto presupuestario, hubo un congelamiento de los fondos destinados para los medios estatales. Entre 2015 y 2017, Radio Nacional y la TVP sufrieron una pérdida del 21% de su presupuesto en dólares, según datos del investigador Alejandro Linares. En 2018 el presupuesto fue igual al del año 2017 con una inflación interanual de más del 40%. Tanto en Radio Nacional como en la TVP, el gobierno impuso una política de estancamiento y rebaja de sueldos sin firmar acuerdos paritarios. Esta política de recorte se trasladó también a la planta laboral. En 2017 el gobierno despidió a 160 trabajadores de las unidades de producción de contenidos de los canales Encuentro, Paka-Paka y DeporTV. En la TVPA y Radio Nacional se implementaron planes de retiros voluntarios que también redujeron la cantidad de trabajadores.

El caso más paradigmático fue el de la agencia de noticias Télam: el gobierno echó a más del 50% de la planta laboral (354 trabajadores). Sin embargo, un fallo judicial obligó a Lombardi a volver sobre sus pasos y reincorporar a los despedidos.

En el plano productivo, la TVP dejó de producir contenidos en vivo durante los fines de semana, mientras Radio Nacional comenzó a retransmitir la programación de Buenos Aires en las frecuencias de FM de sus repetidoras en todo el país (que también cuentan con una AM donde existe programación local). En Encuentro, Paka-Paka y DeporTV, las producciones propias se redujeron al mínimo por el recorte en los puestos laborales. El cuadro se completa con la pérdida de los derechos para la transmisión del fútbol de Primera División de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que la TVPA televisaba hasta 2015.

El proceso de ajuste tuvo traducción en los niveles de audiencia de los medios estatales. Mientras Radio Nacional pasó de ser la cuarta radio AM más escuchada en AMBA en 2015 a desaparecer de las mediciones luego de perder el 80% del encendido, la TVP perdió más del 40% del encendido entre 2015 y 2018.

¿El fin de la guerra contra el periodismo?

Desde el inicio de su gestión, Macri fomentó buenos y aceitados vínculos con los principales empresarios de medios.

A través del DNU 267/15, el gobierno extendió por 15 años las licencias de todas las radios y canales de televisión y, además, permitió la compra-venta de los mismos. La medida habilitó sucesivas operaciones como, por ejemplo, el desguace y vaciamiento del Grupo Veintitrés (el más favorecido por los últimos dos gobiernos kirchneristas en materia de publicidad oficial). El caso más significativo de ese proceso fue la venta de Telefe, la principal cadena de televisión argentina, a VIACOM (pertenecía a Telefónica). El propio Presidente sostuvo reuniones en Estados Unidos y en Argentina con empresas interesadas para garantizar las condiciones de la venta y operatividad de la empresa.

Del mismo modo, se generaron las condiciones regulatorias necesarias para la expansión del Grupo Clarín. Otra vez, Macri intervino personalmente y mantuvo contactos formales con gerentes de la empresa que derivaron en distintos anuncios de inversiones.

Al Grupo América se le recompraron frecuencias para telefonía móvil 4G cuando había incumplido sus condiciones de otorgamiento previstas en la licitación de 2014.

El Presidente se animó a evaluar el nuevo estados de cosas con una frase elocuente durante una entrevista con el diario Clarín: “Los medios públicos son, tal vez, son los más opositores”.

El estrecho vínculo oficial con las empresas periodísticas contrastó con la crisis del sector y diferentes episodios represivos de fuerzas de seguridad contra periodistas durante coberturas callejeras: solo durante 2017, 45 trabajadores de prensa fueron heridos por la Policía y otros 13 resultaron detenidos, según datos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).

Al mismo tiempo, el gobierno tuvo un accionar nulo ante el despido de cientos de trabajadores en distintos medios. Incluso en radios o canales de televisión, donde el Estado tiene mayor poder de injerencia por tratarse de empresas que explotan el espectro radioeléctrico, el gobierno no intervino ante despidos masivos o pago de sueldos en cuotas o a destiempo.

Un último dato: durante la gestión macrista, tanto Cristóbal López y Fabián De Sousa (de Grupo Indalo) como Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta (Electroingeniería) fueron encarcelados por supuestas causas de corrupción con el gobierno kirchnerista. Además, Sergio Szpolski y Matías Garfunkel fueron llevados a juicio por supuesta evasión y vaciamiento de sus medios en 2016.

El poder se construye junto a los poderosos

En este marco, el gobierno mostró sucesivas y reiteradas decisiones que beneficiaron a los grandes actores del sistema infocomunicacional argentino, en detrimento de una amplia cantidad de actores pequeños y medianos que son víctimas de una gestión política del sistema que invisibiliza sus reclamos y necesidades.

Las voces críticas al gobierno son contadas con los dedos de una mano en el mercado de medios tradicionales, mientras algunas otras pueden encontrarse en el mercado digital. Son particularmente notorios dos casos: Horacio Verbitsky, uno de los más incisivos periodistas de investigación y crítico del gobierno, dejó su protagónico rol como columnista político del matutino Página/12 después de que Macri lo incluyera en una lista de 563 personas influyentes a las que aspiraba a ´mandar en un cohete a la Luna´ para cambiar el país. El periodista había despertado la ira presidencial después de publicar la lista de familiares y amigos presidenciales beneficiarios del blanqueo de capitales dispuesto por el mandatario a fines de 2017.

Otro caso significativo es el del conductor y empresario Roberto Navarro, quien fue despedido de las emisoras de radio (Radio 10) y tv (C5N del Grupo Indalo) debido al tenor de sus críticas contra el gobierno, interesado en la prisión de los dueños de Indalo. El periodista lideraba el rating contra la señal informativa del Grupo Clarín (TN).

Estos casos ilustran la progresiva domesticación oficialista de la mayoría de los grandes medios comerciales. El acuerdo del gobierno con buena parte de los empresarios mediáticos, y por ende con sus compañías, fue cocinado al ritmo de la pauta oficial, las decisiones regulatorias y otras medidas de tinte económico al cabo de tres años y medio de la gestión de Cambiemos.

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