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Reporteros sin fronteras

Política

La República Argentina es un Estado federal constituido por 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Posee un régimen democrático y su sistema de gobierno es de fuerte sesgo presidencialista a través de una organización representativa, republicana y federal.

Los representantes del gobierno -tanto nacional como provinciales y municipales-  son elegidos por el voto directo de los ciudadanos. El sufragio es universal, secreto y obligatorio a partir de los 18 años, aunque una reforma electoral de octubre de 2012 amplió ese derecho en forma optativa a todos los jóvenes desde los 16.

La organización del Estado contempla la división de poderes: el Poder Ejecutivo unipersonal, el Poder Legislativo bicameral (diputados y senadores) y un Poder Judicial independiente –en la letra constitucional- de los anteriores.

La Constitución Nacional –Ley Suprema- fue sancionada en 1853  y sufrió reformas en 1860, 1898, 1957 y 1994. Desde la recuperación de la democracia en 1983, la Argentina penduló entre la oferta electoral de sus dos fuerzas políticas tradicionales: la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Justicialista (PJ). Esa fórmula sobrevivió incluso al estallido económico-social de diciembre de 2001 cuando la institucionalidad se disolvió en una violenta crisis que dejó 39 muertos en todo el país y una inquietante premisa para la élite política: “Que se vayan todos”.

La victoria de la coalición de derecha Cambiemos que llevó a Macri al poder en 2015 marcó un punto de inflexión en esa lógica binaria: convirtió en presidente a un empresario con trayectoria política acotada a la Ciudad de Buenos Aires y heredero de una fortuna familiar –una de las 50 más voluminosas del país, según la revista Forbes- cimentada al calor de la industria automotriz y los acuerdos políticos para los negocios con la obra pública. Por primera vez, un dirigente sin genética radical o peronista y formado en la impronta de una ¿nueva? fuerza política -Propuesta Republicana (PRO)- llegaba a la Casa Rosada.  

Medios y poder político. De la dictadura a la actualidad

La relación entre los medios de comunicación y el poder político en la Argentina reciente es una historia de altibajos; de sociedad y/o subordinación tácita como regla casi general, y de abierta confrontación en breves períodos. La centralidad de Buenos Aires también funcionó, y funciona, como un eje directriz de ese vínculo.

El Terrorismo de Estado impuesto por la última dictadura cívico-militar (1976-1983) necesitó de una estrategia sistemática en el territorio de los medios. El control y supresión de la libertad de expresión quedaron plasmados en uno de los primeros comunicados –el número 19- de la Junta Militar, emitido el mismo día del golpe, el 24 de marzo de 1976.

La dictadura intervino, expropió y clausuró algunos diarios y revistas. Según un informe publicado en 2016 por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, 172 trabajadores de prensa fueron desaparecidos. 

En 1977, la Junta Militar anunció la sociedad entre los diarios Clarín, La Nación y La Razón y el Estado como nuevos accionistas de Papel Prensa, la única empresa de producción de papel de diario del país. La promulgación del Decreto-Ley Nacional de Radiodifusión 22.285, en septiembre de 1980, fue otro hito en la política comunicacional de la dictadura. Su principal objetivo era ordenar el escenario para la creación de un sistema de medios audiovisuales privatizado.

Alfonsín, fricciones en la transición democrática  

Con un apoyo social que amplió los márgenes electorales históricos del radicalismo y condenó al peronismo a su primera derrota en las urnas, el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) se propuso avanzar en un reordenamiento del sistema de medios.

En abril de 1984, el mandatario radical firmó el decreto 1154 que suspendía la aplicación del Plan Nacional de Radiodifusión (Planara) –un programa definido por la dictadura en 1981 para avanzar en la privatización de los canales de televisión- hasta tanto no se modificase la Ley de Radiodifusión.

Sin embargo, las tensiones de una administración que debió lidiar con el todavía latente poder militar y enfrentar graves desajustes económicos terminaron por licuar las intenciones políticas de reconvertir el mapa comunicacional.  

Las empresas periodísticas comenzaron a pugnar por multiplicarse. La pulseada con Clarín por la derogación del artículo 45 de la Ley 22.285 –la cláusula que le impedía acceder a una licencia de radiodifusión- tomó carácter público. Alfonsín denunció que el matutino informaba de manera “falaz” sobre la marcha de la gestión, y el jefe del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, César Jaroslavsky, sintetizó ese poder de fuego con una afirmación que ganó recorrido (y actualidad) histórico: “Hay que cuidarse de ese diario. Ataca como partido político, y si uno le contesta, se defiende con la libertad de prensa”. 

Las elecciones legislativas de 1987 fueron un punto de inflexión: la UCR cayó ante el PJ y los índices económicos comenzaron a configurar la crisis que terminó con el retiro anticipado del poder. Las promesas de una nueva normativa para los medios de comunicación se desarticulaban en la crisis final de la gestión.

Con todo, en ese mismo período la sociedad civil expandió el territorio comunicacional con la apertura sostenida de radios comunitarias que, aún sin licencia o marco legal, comenzaron a funcionar en todo el país.

Menem y la ola privatizadora

El triunfo del justicialista Carlos Menem (1989-1999) señaló el inicio de una profunda reconversión económico-social de la Argentina. El líder peronista asumió en un contexto de hiperinflación y profunda crisis económica y, casi en forma automática, consiguió el aval del Congreso para aprobar dos leyes destinadas a reconfigurar el país y sus reglas de juego: la Ley de Emergencia Económica que permitía recortes en el gasto público, y la Ley de Reforma del Estado que autorizaba el proceso privatizador de las empresas del Estado.      

La Ley 23.396 de Reforma del Estado, sancionada en agosto de 1989, incluyó una serie de cambios sobre la Ley de Radiodifusión y abrió paso a la conformación de multimedios con rasgos de propiedad extendida. La eliminación de las restricciones del artículo 45 –el mismo que había condensado parte de la disputa entre Clarín y el alfonsinismo- fue clave. Las empresas periodísticas lograban el objetivo de ampliar su actividad a la televisión y la radiofonía y poner en marcha la privatización de los canales 11 y 13 y las principales emisoras de radio comerciales de Capital Federal.  El Grupo Clarín comenzaba a consolidarse en un conglomerado que incluía al diario de mayor tirada del país, canal 13, radio Mitre y el desarrollo de la TV paga con el servicio de cable Multicanal, entre otras ramificaciones.

El aumento de la injerencia de capitales extranjeros inició un nuevo ciclo de reconfiguración: en el período 1990-1999 el sector de las comunicaciones fue el segundo  -apenas superado por el petrolero-en inversión de firmas extranjeras, con un monto total de 25.500 millones de dólares. Estados Unidos, con 13 mil millones, y España, con 5.300 millones, aportaron a los  principales inversores.

Dos meses antes del final de su mandato, Menem modificó otra serie de artículos de la Ley de Radiodifusión a través del decreto 1005/99. Esa norma autorizaba la ampliación de licencias de 4 a 24 para un mismo operador, permitía la transferencia de la titularidad de las mismas y la formación de redes, y liberaba el tiempo publicitario por hora de emisión.

Antes de su salida del poder, el mercado ya estaba dominado por el tándem integrado por el Grupo Clarín y Telefónica Internacional Sociedad Anónima (TISA).

La Alianza o el manual de un candidato de los medios

El radical Fernando de la Rúa llegó a la Presidencia (1999-2001) al frente de una alianza  electoral integrada por la UCR y el Frepaso, un conglomerado de partidos menores de orientación socialdemócrata. La crisis económica y las denuncias por corrupción que signaron el final de la década menemista constituyeron su plataforma.

La caída del Producto Bruto Interno (PBI) y la fuga de capitales configuraron rápidamente un escenario adverso en términos económicos. El Gobierno enfrentó esas variables con un plan de ajuste y profundización del endeudamiento externo.

Durante su gestión, De la Rúa también cumplió con el ritual: en abril de 2001 envió al Congreso un proyecto de Ley de Radiodifusión “para la libertad” y llamó a buscar consensos para lograr una nueva regulación. La debilidad de un gobierno que ya había comenzado a sufrir el socavamiento de sus consensos básicos y el fuerte lobby de las empresas periodísticas volvieron a postergar el debate de una iniciativa que, en rigor, estaba lejos de proponer una desarticulación del modelo hiperconcentrado.

El gobierno de la Alianza entro en crisis a finales de ese mismo año cuando las movilizaciones callejeras fueron violentamente reprimidas y terminaron con la renuncia anticipada del Presidente. Siguió un período de inestabilidad institucional –asumieron cinco mandatarios en un lapso de apenas 11 días- que comenzó a encauzarse el 1 de enero de 2002, con la designación del justicialista Eduardo Duhalde –un exaliado de Menem- como presidente de transición.

Aunque breve, esa gestión también se caracterizó por el respaldo a las demandas de los grandes medios que, para entonces, enfrentaban el impacto de la crisis y registraban abultadas deudas en dólares. En febrero de 2002, el Congreso Nacional aprobó una primera modificación de la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras –bautizada “Ley Clarín” en los pasillos del Congreso- que extendía los plazos de negociación con los eventuales acreedores.  

El kirchnerismo, del acuerdo a la confrontación

El justicialista Néstor Kirchner llegó al poder (2003-2007) después de la renuncia de Menem a participar de una segunda vuelta electoral. Asumió con apenas el 22 por ciento de los votos y en medio de un clima de tensión por la crisis económica y la extendida debilidad institucional. El dirigente patagónico decidió no alterar la sociedad que el poder político mantenía con las corporaciones mediáticas y completó el plan de rescate que había iniciado Duhalde.

En junio de 2003, el Congreso aprobó la Ley de Preservación de Bienes Culturales que establecía un tope para la intervención del capital extranjero en las industrias culturales e inhibía a los acreedores externos a reclamar activos de empresas endeudadas.

Con una gestión que comenzaba a encaminarse en un contexto internacional favorable,  en mayo de 2005 Kirchner firmó el decreto 527/05 que suspendía el cómputo de los plazos de explotación de las licencias de radio y televisión. Las organizaciones sin fines de lucro y la sociedad civil volvían a quedar excluidas del sistema de radiodifusión.  

Sobre el final de su mandato, Kirchner tomó otra controversial decisión: autorizó la fusión de Cablevisión y Multicanal que convertía al Grupo Clarín en el mayor operador de cable del país con el 47 por ciento del mercado.

Con el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner –la primera mujer electa mandataria por el voto popular-, el kirchnerismo inició su segundo período en el poder (2007-2011). El nuevo ciclo se abrió con un fuerte conflicto con el sector agrario por el aumento a las retenciones a las exportaciones de los productos derivados de la soja, el motor del crecimiento económico entre 2003 y 2007.

La pulseada con las patronales y productores agropecuarios desencadenó otro frente: el gobierno decidió enviar al Congreso un proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que proponía límites a las posiciones dominantes en el mercado, garantizaba la apertura a organizaciones sociales y civiles y establecía nuevos mecanismos de control y regulación para evitar la concentración.

El texto de la iniciativa tomó como base el manifiesto de “21 puntos” que la Coalición por una Radiodifusión Democrática –un colectivo que nucleaba a más de 300 organizaciones sindicales, sociales y de Derechos Humanos, medios comunitarios y cooperativos y Universidades de todo el país- había presentado sin éxito a Kirchner en 2004.

En paralelo, la administración kirchnerista fogoneaba la confrontación. El dilema que había sobrevolado a los partidos políticos desde la recuperación de la democracia -´ningún  gobierno sobrevive a cinco tapas negativas de Clarín´- se coló en la agenda pública con un popularizado interrogante del exmandatario: ´¿Estás nervioso, Clarín?´.

La ley 26.522 –popularizada como “Ley de Medios”- se sancionó finalmente el 10 de octubre de 2009.

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